El caso lleva varios años.
Según un informe de James Fudge de The Esports Observer, los abogados que representan a las mujeres que demandaron a Riot Games en 2018 por presuntamente perpetrar discriminación y acoso de género alegan que el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California (DFEH) intervino en el caso.
En particular, los abogados argumentaron que DFEH estaba tratando de sacar a uno de sus clientes, Gabriela Downie, del caso, alegando que "es un movimiento efectivo para un juicio sumario al oponerse a la demandante Downie".
Los abogados afirmaron que se trataba de “un intento descarado por parte del DFEH de obtener poder absoluto a lo largo de este caso al desestimar a las mujeres que se destacaron para procesar este caso como Demandantes”.
Además, los abogados dicen que en otro caso relacionado con denuncias de discriminación contra la mujer en el lugar de trabajo, el DFEH estaba “tratando de disuadir a las mujeres que trabajan en Activision/Blizzard de hablar con un abogado privado”.
En noviembre de 2018, exempleadas de Riot Games presentaron una demanda colectiva contra el editor del juego, alegando que las mujeres de la empresa estaban sujetas a salarios desiguales y acoso, y que estaba "estrangulando sus carreras porque eran mujeres".
Según el LA Times, las dos partes acordaron un acuerdo de $400 millones antes de que DFEH interviniera, alegando que la cifra del acuerdo inicial era demasiado baja y recomendando que se aumentara a por lo menos $10 millones.